Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social

En la actualidad, las personas que cuentan con una discapacidad constituyen un notable sector de población que muestra gran heterogeneidad, aunque todas guardan en común que precisan de protección singularizada dentro del ejercicio de los derechos humanos y de sus libertades básicas, como consecuencia de las necesidades específicas que se derivan de su situación de discapacidad y de pervivencia de barreras, las cuales evitan su plena y efectiva participación en la sociedad manteniendo la igualdad de condiciones con respecto al resto de las personas.

La Ley de protección a la discapacidad y derechos de las personas de su inclusión social ha dado paso a una nueva mirada donde se reconoce a las personas con discapacidad como titulares de una gran diversidad de derechos, y en el caso de los poderes públicos, como los garantes del ejercicio real y efectivo de los mismo, de acuerdo con lo que se ha previsto dentro de la Convención Internacional de los derechos de las personas con discapacidad. La misma se encarga de establecer el régimen de infracciones y sanciones que garantizan las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Esta ley se encarga de refundir, aclarar y armonizar dentro de un único texto las principales leyes en materia de discapacidad: la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad (LISMI), la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad (LIONDAU), y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. La Convención Internacional ha sido el referente primordial para la tarea de refundición de esta ley.

Dentro de la norma se han podido recoger gran cantidad de definiciones, y en la mismas se han incluido las de discriminación directa, indirecta, por asociación y acoso, pero además se refuerza la consideración especial que se hace a la discriminación múltiple. En tal sentido, se rige por los principios de respeto a la dignidad, a la vida independiente, igualdad de oportunidades, no discriminación, accesibilidad universal, diseño para todas las personas, diálogo civil y transversalidad de las políticas. Dentro de la ley se reconoce expresamente que el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad es realizado de acuerdo con el principio de libertad en la toma de decisiones, el cual es protegido de forma singular a las niñas, los niños y las mujeres que presentan algún tipo de discapacidad.

Los ámbitos en los que son aplicados dicha Ley son los de telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación, transportes, bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las Administraciones públicas, administración de justicia, patrimonio cultural y empleo. En cada uno de estos ámbitos se procede a su tratamiento dentro de las normas de desarrollo de la Ley, en donde es señalada la obligación de que todos los entornos, productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas gradual y progresivamente. Para ello determina unos plazos y calendarios en la realización de las adaptaciones necesarias.